¿Quiénes Somos?
- El Sistema Integrado de Compras Públicas es una plataforma tecnológica para compras públicas, que permite a las proveedurías del Estado realizar las
operaciones de compra y venta de productos y servicios en forma electrónica. Funcionará en forma de un portal de comercio
electrónico que opera como una ventanilla única, accesible por medio de Internet.
- La selección del modelo de compras para el estado costarricense se realizó tras un análisis de las mejores prácticas de
países como Chile, Panamá, Corea, México y Brasil. Este estudio culminó con la adopción del modelo de compras públicas de Corea
del Sur, por ser líder mundial en compras electrónicas, mediante su sistema de gestión denominado Koneps (Korea On Line e-Procurement
System). El sistema coreano se define como el “Marketplace” electrónico más grande del mundo.
- Este modelo se ha tomado como la mejor práctica a escala mundial. Ha sido la base para el desarrollo de modelos de compras
en varios países y ha recibido premios de organismos internacionales, como la ONU, la Organization for Economic Co-Operation
and Development(OECD) y del Consejo Asia Pacífico, como la mejor práctica en contrataciones públicas.
- La adopción del modelo coreano parte de la firma de un acuerdo de cooperación entre Costa Rica y la República de Corea del Sur.
Por medio de ese convenio se obtiene la donación del código fuente del sistema de compras públicas. La adaptación del modelo a Costa Rica
se realiza con la participación de catorce entidades representantes de diversos sectores (municipalidades, banca, universidades, salud, seguros,
servicios y tecnología), el apoyo de la entidad pública de Corea Public Procurement Services y la Secretaría Técnica de Gobierno Digital.
Además se contó con participación de la empresa Samsung SDS, la cual desarrolló el sistema de compras públicas en Corea.
- Modelo anterior de compras del Estado costarricense
- El modelo anterior era un modelo fragmentado y presentaba varias deficiencias, dentro de las que resalta,
la existencia de trámites excesivos y poco integrados, entre los que se pueden citar:
No hay estandarización de documentos y procesos de contratación.
Hay multiplicidad de reglamentos y manuales de procedimientos.
Multiplicidad de plataformas tecnológicas desintegradas.
Duplicación de requisitos y trámites para el registro de los proveedores a través de las diferentes instituciones.
Los procesos de compra requieren de múltiples aprobaciones y revisiones por personas y comisiones.
Los códigos de productos y formularios son diferentes en cada entidad, no se aplican estándares internacionales tales
como código de producto, formularios, carteles, documentos comerciales y trámites como resultado de interpretaciones
antojadizas o por desconocimiento de la normativa.
Falta de simplificación de trámites, debido al exceso de requisitos que se deben para cada proceso,
al no existir interconectividad entre las instituciones del Estado.
Duplicidad en el registro de proveedores
- En el 2008 el PIB correspondió a 15.613.569,40 millones de colones; por otra parte la compra pública ascendió
a 2.252.962,34 millones de colones, lo cual viene siendo un 14% de ese monto total.
Del monto anual transado por el Estado, el 92% corresponde a instituciones autónomas (ICE, CCSS, RECOPE, y el
Instituto Nacional de Seguros), un 6% al Gobierno Central y un 2% a Municipalidades y otros organismos no gubernamentales.
Las instituciones participantes en el Sistema Integrado de Compras Públicas representan un 80% de la compra pública.
- Beneficios del Sistema Integrado de Compras Públicas
- Los beneficios esperados con la implementación del Sistema Integrado de Compras Públicas se pueden resumir en:
Modernización del modelo de compras públicas por medio del uso intensivo de tecnología de punta y adopción de las mejores prácticas internacionales.
Mayor transparencia en los procesos de contratación.
Obtención de menores precios de los productos al fomentar la participación de más empresas, aprovechando las economías de escala. Los ahorros para los compradores se estiman en un 20%
Implementación del modelo cero papel y virtualización de las proveedurías.
Reducción del tiempo del trámite para el Estado y el sector privado.
Aumento de la competitividad de las empresas locales y del Estado.
Incentivación de una cultura de cambio, permitiendo a las instituciones ser más competitivas